Una vez concluido el tema dedicado a la
personalización de AutoCAD, parece oportuno hacer un cambio, para refrescar
ligeramente la saturación del tema anterior. El nuevo tema elegido es la
elaboración de “mediciones y presupuestos” en los proyectos de arquitectura,
que constituye una cuestión de cierta trascendencia, a la que sin embargo entre
los profesionales “arquitectos”, no siempre se le presta toda la atención
necesaria.
Los
elementos del proyecto
Para situar el tema en su contexto, cabe recordar
aquella división clásica de los documentos de cualquier proyecto técnico:
(Memoria, Planos, Pliego de Condiciones y Medición-Presupuesto.) Esas cuatro partes
responden a una estructura conceptual que podría configurar cualquier proyecto,
y que se puede definir como sigue:
La Memoria: Es una parte escrita donde se identifican, describen y explican todo tipo
de requisitos, características y circunstancias relevantes del objeto que se
proyecta. El documento debe incluir tanto la “descripción” completa del objeto
en si mismo, como de los “usos” previstos o asignados globalmente o en cada una
de sus partes y los “requisitos” de todo tipo, ya sean criterios de diseño, iniciativas
discrecionales del promotor, o bien imposiciones legales y reglamentarias, incluyendo
la justificación de su cumplimiento.
Los Planos: Incluyen toda la parte gráfica donde se identifican y
especifican tanto la situación y emplazamiento del objeto como sus características
dimensionales, geométricas y de aspecto, así como todas las especificaciones gráficas
necesarias para concretar rigurosamente todos sus elementos y componentes. El
contenido y configuración de los planos debe ser tal, que puedan permitir la
construcción del objeto con fidelidad al proyecto, pero bajo la dirección de
una persona diferente del autor, aunque con el mismo nivel técnico.
El Pliego de Condiciones: Esta es una parte escrita del documento en la que
se incluyen las condiciones y requisitos de toda índole, a las que se debe
ajustar la “ejecución” o
construcción del objeto que se proyecta. Este documento incluye desde atribuciones
de los técnicos, responsabilidades del promotor, constructor o de otros
agentes, condiciones de rescisión de contratos, fianzas, penalizaciones por
incumplimiento, requisitos de control, comprobaciones, ensayos etc, y
también las “prescripciones técnicas”,
sobre “condiciones de ejecución” de todas las unidades de obra.
La Medición-Presupuesto: Este es también un
documento escrito, en el que se
describen y relacionan sistemáticamente todas las “unidades de obra” que contiene un proyecto. Cada una de ellas se
identifica mediante una descripción técnica, una numeración correlativa
estructurada en capítulos y una “dimensión” o unidad que permite “medir” o
cuantificar la magnitud acumulada en todo el proyecto. Además de esto se valora
su importe de ejecución, mediante la asignación de un “precio unitario” que
multiplicado por la magnitud total, permite determinar el coste de ejecución del
proyecto.
Obviamente el hecho de conocer previamente, el
importe que puede costar la construcción de un edificio o cualquier objeto
proyectado, con la trascendencia que ello supone para respaldar o avalar todo
tipo de decisiones, tanto de iniciativa empresarial y económica, como de
control administrativo, justifican en
gran medida la utilidad y el esfuerzo que suponen elaborar cualquier proyecto
de forma rigurosa, prestando una atención singular a esta parte del documento.
Mediciones
y Presupuestos
Esta parte del proyecto se compone a su vez de dos elementos
diferenciados. Por un lado la determinación de las magnitudes de cada unidad de
obra, y por otro lado la asignación de los precios unitarios de cada una.
La primera parte es lo que comúnmente se identifica
como “Mediciones” del proyecto, y se elabora como un listado sistemático
ordenado por capítulos, donde se va identificando cada unidad de obra, y a
continuación dentro de ella se anotan en una lista, con tantas líneas como sea
necesario, los datos numéricos de dimensiones parciales que van formando los
elementos o partes de cada unidad, y que en rigor deberían ser perfectamente
identificables dentro de los planos, mediante
sus “acotaciones” sin necesidad de efectuar ninguna medición directa.
Las líneas de medición se pueden completar con un
pequeño texto aclaratorio que contribuye a identificar el elemento que se esta
midiendo, y mediante una ordenación adecuada se pueden totalizar partes o subconjuntos,
o bien deducir huecos después de hacer una medición a cinta corrida etc.
Finalmente mediante la suma sistemática de los resultados parciales de cada
línea, se obtiene la magnitud total para cada unidad de obra. La presencia
ordenada de esos datos parciales en un listado completo, permite hacer en
cualquier momento las comprobaciones oportunas para asegurar la correcta
integridad del resultado.
Evidentemente la elaboración de esa “medición”, necesita
recopilar una cantidad muy considerable de datos numéricos, que lógicamente se
presta a la aparición de “errores”, tanto debido a la gran cantidad de datos,
como a lo tedioso de su recopilación sistemática. En este sentido cabe destacar
la existencia de un “antes” y un “después” respecto a la adopción generalizada
de los programas de ordenador y las herramientas informáticas, que permiten
almacenar, localizar, o seleccionar, la definición de las unidades de obra
dentro de repertorios o bases muy amplias, y por supuesto, guardar
ordenadamente los datos numéricos de la medición, asegurando el rigor de todas las
operaciones.
La segunda parte en la elaboración de este documento,
es la asignación del “precio unitario” o valor económico para la ejecución de
cada partida. Evidentemente siempre es posible adoptar dicho valor de una forma
seria y rigurosa con arreglo a la experiencia profesional y conocimientos del
proyectista, pero también es frecuente que se generen dudas, ya que el
resultado final puede estar sometido a intereses contrapuestos para adoptar
valores excesivamente “altos” o “bajos”, y por otra parte la facilidad de
cualquier programa informático u hoja de cálculo para acomodar el conjunto de
precios parciales a una cifra final “predeterminada”, una vez conocidas sus
magnitudes es tan simple, que a veces surge la duda sobre la posibilidad de que
el presupuesto haya sido arbitrariamente distorsionado.
En el caso práctico de la determinación de los
precios del presupuesto, cabe distinguir al menos en nuestro país, el ámbito de
los proyectos de “iniciativa pública”, en los cuales la elaboración de ese
documento está regulada o condicionada por la “Ley de Contratos del Sector
Público”, que obliga a añadir una justificación de los precios adoptados,
detallando la descomposición de cada uno entre costes “directos” e
“indirectos”, y desglosar a su vez los costes directos en los importes de “mano
de obra”, “maquinaria” y “materiales”, detallando todo ello en los cuadros de
precios y en su caso, con pequeños presupuestos parciales, con lo que se
asegura al menos una coherencia interna más difícil de distorsionar.
Dado que en el caso de las obras de “iniciativa
pública”, la licitación, la adjudicación y la contratación de la misma se hacen
sobre la base de los precios que figuran en el proyecto, esto supone además que
los precios deban ser rigurosos con la realidad, so pena de incurrir en
responsabilidad por los perjuicios ocasionados, pero sin embargo en el caso de la
“iniciativa privada” como es la mayoría de las obras de arquitectura, esa
reglamentación no resulta obligatoria y por tanto la licitación y contratación,
se hacen al margen de los precios que figuran en el proyecto, siendo normal que
cada contratista proponga su propia lista, o que acuerde las condiciones
económicas con el promotor de las obras, sin la participación del arquitecto, o
bien que promotor y constructor sean la misma persona en cuyo caso los precios
del proyecto ya no tienen ninguna trascendencia sobre la contratación de la
obra.
Esto supone que en la práctica habitual, dentro del
ámbito de las obras de iniciativa privada, para la elaboración del documento de
mediciones y presupuesto, se preste gran atención y cuidado a la definición
rigurosa de las unidades de obra y a las “mediciones”, pero sin embargo la
determinación de precios unitarios se haga sin demasiada atención, más allá de su
contribución proporcional en el importe total.
Ayudantes y
Colegas
Tradicionalmente el papel del aparejador se ha basado
en una “especialización” sobre la “ejecución de obra” desarrollando un papel
más activo en esos aspectos y bastante menor en las cuestiones del diseño, la
concepción del edificio o la seguridad estructural del mismo. Esto supone que
tradicionalmente era precisamente la figura del “aparejador”, la que dentro de
un “estudio de arquitectura” solía hacerse cargo de elaborar las mediciones y
presupuesto del proyecto, liberando al arquitecto, de tener que abordar un
trabajo, sistemático, tedioso, largo y aburrido.
Por otra parte el papel de los “colegios de
arquitectos”, como agrupación profesional ha ejercido una cierta regulación en
función de evitar o paliar cierto tipo de competencia entre profesionales, que
rebajando artificialmente los presupuestos de sus proyectos, podrían justificar
ofertas de honorarios más baratas al estar estos vinculados a la complejidad y
magnitud del proyecto y consecuentemente al presupuesto de ejecución.
Esa regulación que trataba de evitar que los
presupuestos de los proyectos se bajasen arbitrariamente más allá de un límite
razonable, se organizaba mediante un sistema de “módulos”, que se aplicaban
sobre la superficie construida del edificio, considerando un cierto repertorio
de tipologías con distintos niveles de coste y complejidad, y que con una
actualización periódica basada en coeficientes estadísticos, permitía
establecer para cualquier proyecto una cifra de referencia que siempre se
mantenía ligeramente por debajo del coste real de construcción, pero que a su
vez aseguraba una aproximación razonable, aportando la ventaja de establecer
una referencia uniforme y objetiva para todos los casos.
Esas circunstancias ha supuesto que en la práctica
los presupuestos de ejecución en los proyectos de iniciativa privada, se hayan
realizado con mucha frecuencia mediante un “ajuste forzado” de tipo inverso, de tal forma que los precios
de las distintas unidades de obra, una vez que se disponía de la “medición” del
proyecto, se forzaban mediante el programa informático o una simple regla de
tres, para obtener como resultado final precisamente la cifra de referencia,
que estipulaba el sistema de módulos del colegio de arquitectos.
Esta situación ha cambiado drásticamente en los
últimos años con la aplicación de nueva legislación que basada en criterios de
defensa de la competencia y transposición de directivas europeas, ha suprimido
las “tarifas” de honorarios profesionales y ha prohibido cualquier mecanismo o referencia
que pueda aproximarse a un sistema de “precios acordados”, para asegurar que
los honorarios profesionales se reducen a una acuerdo o compromiso “exclusivamente
particular” entre arquitecto y cliente.
Esa desregulación del sistema de módulos que
anteriormente establecían los colegios de arquitectos, ha generado que ahora
hayan aparecido diferentes sistemas de control sobre los presupuestos, siendo
frecuente, que tanto las compañías de seguros que operan sobre la
responsabilidad civil en la construcción, como muchos Ayuntamientos que
ingresan el impuesto de construcciones dependiendo del presupuesto de ejecución
de los proyectos, hayan adoptado cada uno su propio sistema de “módulos” de
referencia, con el fin de asegurarse o comprobar que los presupuestos no hayan
sido distorsionados arbitrariamente.
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